Esta última foto tiene una imágen que compara la entrada de la universidad hoy día y para una fecha estimada entre finales de los 50 - principios de los 60 vistos los uniformes y el clima convulsivo que se vivía para la época con los grupos de extrema izquierda; los cuales utilizaban la Universidad Central como base para sus operaciones. Al lado podemos observar una imágen actual que muestra cómo es atacada la Universidad, aun cuando las personas que se hicieron del poder hoy por hoy son aquellos que antes integraban y defendían los ideales de esos mismos grupos de extrema izquierda.
Las evidencias de maltrato físico y de torturas por parte de los efectivos de cuerpos de seguridad y orden público, cuya misión debería consistir en proteger a los ciudadanos de un Estado y, en el caso venezolano, de atender las peticiones colectivas y concentrar fuerzas en el desarme de los grupos paramilitares equipados de armamentos sofisticados; prefieren arremeter contra jóvenes que protestan en las calles, de conformidad con el derecho que el artículo 350 de la Constitución de 1999, de la República bolivariana de Venezuela consagra. Es de hacer notar que la GNB està fuertemente dividida. Hasta la fecha hay màs de 127 detenidos entre oficiales y suboficiales que se niegan a seguir òrdenes criminales.
Por otra parte, he sabido por fuentes extraoficiales que el gobierno continúa amenazando a los venezolanos de suspender el servicio de Internet a fin de evitar que las denuncias salgan a la luz pública (cf. http://www.venezuelaaldia.com/2014/03/extraoficial-conatel-buscar-forma-de-automatizar-bloqueo-de-internet/ ). No se qué tan cierta resulte esta aseveración dado que una de las estrategias utilizadas para mantener al régimen en el poder consiste en generar un caos (des-) informativo; tal y como sucedió con las últimas declaraciones públicas de la defensora del pueblo, quien parece haber consultado la definición de tortura en el diccionario de la Real Academia Española y no en el estatuto de Roma.
Imagino que han de ser numerosos las denuncias que organizaciones internacionales y ONG de defensa de derechos humanos han recibido por parte de aquellos que ya no saben a quienes más acudir, dada la flagrante parcialidad de la fiscal general y de la defensora del pueblo. Los abogados del foro penal venezolano han remitido más de 40 casos de tortura documentados. Se habrán enterado también de las condiciones vergonzosas en que fue asesinado un estudiante de Tachira (Manuel Tinoco) a manos de dos criminales disfrazados de paramédicos que iban a bordo de una ambulancia. Si bien es cierto que la convención de Ginebra de 1949 no tiene aplicación al caso venezolano dado que no se ha declarado formalmente un estado de guerra civil, cabría preguntarse si la situación general no se asemeja bastante a un conflicto armado y violento.
Las conversaciones sostenidas ayer en Ginebra con estas dos funcionarias que poco honor hacen a su obligación de atender a las necesidades públicas, parecen no haber servido para subsanar la situación lamentable de los venezolanos, pues hasta ahora ninguna de las acciones presentadas por ante la Corte Penal de la Haya o las denuncias por ante otros organismos internacionales expuestas, parecieran haber tenido el eco suficiente para parar los atropellos de este régimen y de sus tarifados incluidos, lo cual resulta aún más lamentable, investigadores e intelectuales cuya objetividad brilla por su ausencia y sólo sirven para legitimar odas ideológicas surrealistas. Còmo se explica que después de un comunicado como el emitido el 28 de febrero de 2014 por la OHCRH (cf. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47246&Cr=protest&Cr1#.UyM9kz9dWSr) la defensora del pueblo haya recibido ayer la mayor acreditaciòn de la ONU ? (cf. http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/228062/defensoria-del-pueblo-recibio-maxima-acreditacion-de-la-onu/) ? Lo cual avalarìa de forma indirecta las declaraciones pùblicas que esta mediocre funcionaria emitiera el 8 de marzo del presente mes refiriéndose a la tortura tal y como la define el diccionario de la Real Academia Española y no el Art. 7 del Estatuto de Roma.
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